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UN ASALTO AL BOLSILLO Y LA BUENA FE DE LOS USUARIOS



El PRO engañó una vez más al conjunto de los porteños. A 48 horas de haberse concretado el traspaso del transporte subterráneo a la ciudad, el gobierno encabezado por Mauricio Macri acaba de anunciar la promulgación de un decreto que define incrementar el valor del boleto de $1,10 (pesos) a $2,50(pesos), bajo el argumento de la quita del 50 por ciento del subsidio que aporta el Estado nacional a la empresa concesionaria Metrovías.

Sorprende el calculo que realiza el gobierno porteño, ya que si durante el año 2011 el Estado nacional destinó en subsidios la cantidad de $720 millones (pesos), los 360 millones estipulados para el 2012, como figura en el acta de acuerdo de traspaso firmada por ambas gestiones, significan una quita del 50 por ciento de los mismos. Sin embargo, y amparándose en esta situación, la gestión de Mauricio Macri anuncia un incremento del 125 por ciento en el valor del Boleto.

¿Cuál es el cálculo que realiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para definir semejante incremento? ¿Cómo se explica un aumento generalizado que perjudicará, sobre todo, a los sectores más bajos de la pirámide socioeconómica entre los usuarios? ¿En base a qué estudio de costos se definió esta modificación de valores? ¿A dónde se destinará el nuevo dinero recaudado por el incremento del valor del pasaje? El PRO, hasta el momento, no ofrece ninguna respuesta al respecto.

Sorprende que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realice un aumento del valor del pasaje de tales proporciones, 24 horas después de que Macri anunciara que desde su gestión “no tenían ningún estudio realizado respecto al tema tarifas” y que por lo tanto “iban a esperar realizar los estudios correspondientes para tomar cualquier decisión al respecto”. Otro tema que debería ser puesto bajo la lupa, y que el PRO ni si quiera menciona, es que Metrovías arrojó un superávit de $159 millones (pesos) durante el año 2011; por lo cual no se comprende por qué una empresa con ganancias millonarias debe ser subsidiada. Sumado a esto, Macri esquiva cualquier revisión del contrato de concesión a Metrovías, plagado de irregularidades e incumplimientos, y decide descargar un impuestazo en el bolsillo del conjunto de los usuarios.

Una medida ilegal. Mediante el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires se creó el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos (“EURSPU”). Este organismo, cuya reglamentación ha sido dispuesta por la Ley 210, tiene como fin ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos, cuya prestación o fiscalización sea realizada por la administración central o descentralizada, o por terceros, así como el seguimiento de los servicios cuya fiscalización realice la Ciudad de Buenos Aires en forma concurrente con otras jurisdicciones, para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto.

Con la finalidad de que pueda llevar a cabo su cometido, el EURSPU cuenta con numerosas funciones, entre las que puede mencionarse la de “analizar las bases de cálculo de los regímenes tarifarios” y “advertir a la autoridad competente en caso de alteración del principio de razonabilidad y justicia tarifaria, mediante resolución fundada” (artículo 3 de la Ley 210).

Siendo entonces uno de los objetivos principales de este organismo la protección de los usuarios y consumidores, la Ley 210 establece que antes de modificar -en este caso, aumentar- la tarifa de un servicio público, es obligatorio que el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, a través del ERUSPU, convoque y realice una audiencia pública que analice el tema en cuestión, según se desprende del artículo 13. Es decir, que no puede haber aumento de tarifa sin que previamente se desarrolle una audiencia pública. Por ello, al disponer el aumento del boleto del Subte sin su sustanciación, el gobierno de Mauricio Macri está violando de manera notoria la normativa involucrada y afectando los derechos de todos aquellos que diariamente utilizan este servicio.

La importancia del tema requiere que el mismo sea tratado en una audiencia pública que permita alcanzar un consenso relativo al valor de las tarifas de cualquier servicio público. No puede el gobierno de la Ciudad apartarse de esta normativa. De otra manera, se afectan leyes de estricto fundamento constitucional y, por lo tanto, el pretendido aumento es ilegal.

Un Subte mejor es posible. El Estado actual de la red es algo que puede, y debe, ser modificado, con el objetivo mejorar la calidad de vida del conjunto de los usuarios que día a día viajan en un servicio que, desde su privatización, ha sufrido un constante deterioro. Desde La Scalabrini, proponemos los siguientes puntos al ejecutivo porteño:

  • La convocatoria de una audiencia pública con todos los sectores sociales que se relacionan con el subterráneo. Esto implica la participación del Estado, empresarios, trabajadores y usuarios con el objetivo de definir el valor de la tarifa en conjunto, de manera consensuada, y en base a un estudio serio que contemple a los distintos sectores sociales relacionados al subterráneo.
  • Que, en caso de ser necesario un aumento del pasaje del transporte subterráneo, se genere una “Tarifa Social” para los sectores más débiles de la pirámide socioeconómica del conjunto de los usuarios.
  • Que en caso de ser necesario un aumento, los excedentes se desvíen para la realización de obras de infraestructura de la red e incorporación de material rodante.
  • Que el Gobierno de la Ciudad revise el contrato de concesión de Metrovías, empresa que ha incurrido en innumerables incumplimientos en relación con el contrato firmado; y proponemos que dicho gobierno recupere para el Estado porteño la explotación, planificación, y gestión del transporte subterráneo, a través de Subterráneos de Buenos aires Sociedad del Estado (SBASE), empresa pública de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de lograr un verdadero servicio público basado en las necesidades de los usuarios, dejando atrás la concepción mercantilista del transporte que rige a este servicio en la actualidad.
  • Proponemos la revisión de la ley 670 y la creación de un nuevo plan estratégico de desarrollo del transporte subterráneo ajustado a la realidad demográfica actual de la ciudad para lograr la integración con el resto de los modelos de transporte de área metropolitana.
  • La convocatoria a los distintos actores para realizar una mesa de trabajo con el fin de repensar el transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires. Esto incluye al Estado, trabajadores, usuarios, empresarios y referentes académicos del transporte con el objetivo de trazar los planes de un desarrollo estratégico del subterráneo y la creación de las herramientas económicas para su realización.

El Subte de Buenos Aires sufre una grave crisis, que puede llegar a ser terminal. Por eso, desde La Scalabrini, convocamos al conjunto de los sectores sociales a la realización de una agenda conjunta que permita sacar al subte de su situación actual y recuperarlo para todos los usuarios. Solo el compromiso de la población podrá revertir esta situación.

La Scalabrini

5 de enero de 2012



2 comentarios:

  1. Pero... a quién quieren engañar? La subida de la tarifa de subte es, en el fondo, responsabilidad del gobierno nacional, que traspasa el transporte como parte del AJUSTE. Demagogos!!!!!!!!!!!!!!

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  2. el gobierno nacional no tiene pq subsidiar un servicio de una jurisdiccion autonoma como la ciudad!!! pq en cordoba alguien deberia pagar por mi boleto mas barato???!?!?!?!?!?!

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