Por Matías Rodriguez
El
día de ayer el Gobierno Nacional, mediante el decreto 793/12, rescindió el
contrato de concesión que el Estado argentino mantenía, desde el año 1995, con
la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), perteneciente en forma mayoritaria al
Grupo Cirigliano. Nos encontramos aquí frente a una nueva oportunidad para que
el Estado demuestre que puede gestionar eficientemente los ferrocarriles, y
volver a poner en valor aquella frase que pronunciara Raúl Scalabrini Ortiz:
“Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino”.
El
dictado de este decreto no es más que el resultado de una gestión privada que
nunca priorizó el bienestar del pasajero y, por el contrario, siempre puso por
encima de todo su propia rentabilidad empresarial. La gestión de TBA al frente
de los Ferrocarriles Mitre y Sarmiento es desastrosa por donde se la mire:
cientos de accidentes con víctimas fatales, falta de inversión en vías y
material rodante, y el uso de la plata de los subsidios para ejecutar maniobras
de especulación financiera muestran, a las claras, cuáles eran los intereses
reales de la familia Cirigliano.
Durante
los años 2008 y 2009 TBA recibió por parte del Estado nacional, en carácter de
subsidios, 147 millones de pesos para el mantenimiento de los ramales Mitre y
Sarmiento. En lugar de darle a esos fondos el destino para el cual habían sido
provistos, el Grupo Cirigliano compró 9 millones de dólares, especulando con
una fuerte suba de esa divisa y, además, efectuó colocaciones en Fondos Comunes
de Inversión (FCI) logrando una tasa de rentabilidad que osciló entre el 14% y
el 18%. Los usuarios que viajan todos los días hacia sus trabajos hacinados,
bien gracias.
El
desafío para el Estado está planteado. Desde el año 2003 ha recuperado herramientas
estratégicos que el neoliberalismo le había quitado: Aerolíneas Argentinas, los
fondos de los jubilados y, más recientemente, nuestra empresa petrolera
insignia YPF, se encuentran entre los más importantes. En el caso de los
ferrocarriles, tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede gestionar
eficientemente los ramales que le quitó a TBA y que es posible obrar en pos de
una mejora en el viaje que cada día realizan millones de usuarios. La concesión
a una UTE conformada por Metrovías y Ferrovías no debiera extenderse en el
tiempo; sólo lo necesario para avanzar en un proceso que desemboque, de una vez
por todas, en la recuperación de los Ferrocarriles Argentinos.
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