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Argentina, capital del Siglo XXI

Por Juan Manuel Valdés


Presenciamos tiempos de fuertes cambios en la valoración y circulación del conocimiento. Aquella tesis de Michel Foucault en la que homologa saber con poder se convierte día tras día en una verdad inapelable. Es en este sentido que el debate en torno a la concentración la propiedad de los medios de comunicación resulta tan pertinente como imperioso.

Son las del Siglo XXI las denominadas “sociedades de la información”, tal como las define el sociólogo español Manuel Castells, en las que el avance en las telecomunicaciones desempeña un rol central como vehículo y productor de nuevos conocimientos. Tributarias de estos avances resultan las revoluciones de la proclamada “Primavera Árabe”, en las que la ausencia de libertad de expresión lleva a las mayorías a encontrar en las redes sociales el ámbito para convocarse y deponer gobiernos totalitarios. Estos episodios, y no su parodia vernácula a cargo de mega corporaciones que “autoconvocan” ciudadanos sensibles, dan al debate sobre la libertad de expresión un carácter impostergable.

Paradójicamente, no fueron las sociedades con mayor avance tecnológico las que comenzaron a percatarse del cambio de paradigma informativo y sus implicancias políticas, sino las naciones del Tercer Mundo. Tal vez el punto más crítico de la relación entre medios y política en el corto Siglo XXI fue el golpe del 11 de abril de 2002 en Venezuela, fecha cuya relectura goza de una absoluta vigencia estas semanas. Aquella jornada, distintas cadenas de noticias manipularon imágenes de un tiroteo con francotiradores convirtiendo a sus víctimas (militantes chavistas), en victimarios; estos mismos medios redactaron y montaron la proclama golpista del ejército y cuando habían apresado a punta de fusil al presidente Chávez difundieron falsamente la noticia de su renuncia. Puede verse una apasionante crónica del primer golpe mediático en el documental “La Revolución no será Transmitida”, obra imprescindible para todo el que quiera comprender la lógica de las “guerras de la información”.

El viejo paradigma del Estado como amenaza de la libertad de prensa, tan caro al imaginario dictatorial stalinista, ha sido reemplazado por otra amenaza: gigantescas corporaciones verticalmente integradas, con acciones y negocios diversificados, constituyendo verdaderos trusts oligopólicos. La posesión de los medios informativos garantiza poder de condicionamiento a los gobiernos e inmunidad ante la opinión pública.

La eficiencia, la objetividad, la transparencia se convirtieron en valores ajenos a lo público, que debía reformarse a la medida de los pulcros intereses empresariales. Este paradigma, originado tras el fin de la guerra fría era tan distinto al existente en la génesis que había tenido el oficio periodístico en nuestras pampas, cuando Mariano Moreno fundara "La Gazeta de Buenos Ayres” o la célebre “Tribuna de Doctrina” del ex presidente Mitre, cuya influencia social continúa. Militancia, Patria y Periodismo son tres conceptos de aparición simultánea en nuestra historia.

Cuando analizamos el caso argentino, podemos registrar la evolución que ha sufrido nuestra democracia a lo largo de los años. Del “golpe de mercado” digitado contra Alfonsín a la pesificación asimétrica de 2002, que desendeudó al gran capital mientras sembró miserias entre los trabajadores, se anotan una larga lista de claudicaciones de parte de la política.

El kirchnerismo decidió romper uno de los tabúes más importantes de la sociedad argentina: el valor de la verdad. Durante décadas un puñado de acaudalados intereses legitimó sus necesidades individuales como valores universales, convirtiéndose en fiscales del poder político, sin que nadie interrogara ni pidiera explicaciones sobre quiénes realizaban tal enjuiciamiento. El slogan “periodismo independiente” u objetivo había sido naturalizado en una sociedad en que la política era mala palabra. El “que se vayan todos” constituyó una genuina expresión popular ante la defraudación de la clase política, pero fue exaltada por resultar funcional a los intereses de aquellos que no habían sido votados. Eran necesarias representaciones débiles para lograr las reformas económicas exigidas por el stablishment.

La decisión del kirchnerismo de abrir el proceso de democratización de los medios de comunicación constituye un hito de cuyas implicancias aún no terminamos de percatarnos. Si la lógica de las corporaciones consiste en concentrar la información, el debate de la Ley de Medios debía ser colectivo y unir actores diversos. Este fue otro gran acierto del gobierno nacional al tomar el trabajo realizado por una Coalición no partidaria y someterlo al enriquecimiento de múltiples foros de discusión, al mismo tiempo que otorgando modificaciones de diversas fuerzas parlamentarias durante la sanción de la norma.
Este proceso no hizo más que fortalecer a la política y enriquecer el debate público nacional. Si las grandes corporaciones habían operado en la despolitización de la sociedad promoviendo el individualismo, el movimiento en torno a la Ley de Medios constituyó un puntal para devolver el interés de gran parte de la ciudadanía por la cosa pública.

Este 7 de diciembre comienza una nueva etapa en esta lucha por la diversidad y la primacía de las instituciones democráticas: el momento de lograr que el poder económico acepte ajustarse a Derecho. Lograrlo supondría un nuevo hito en nuestra historia política, de cuya trascendencia debemos ser enteramente concientes todos los que creemos en la necesidad de ampliar derechos y profundizar la igualdad en la Argentina.

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