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Detalles de la medida cautelar contra la suba del subte


Lo dispuso este lunes el juez Pablo Mántaras, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La semana pasada, y como medida precautelar, el magistrado había resuelto la suspensión del incremento y solicitó al Ejecutivo presentar informes


  •  VII.1. "Claramente, los objetivos enunciados por el Gobierno en el documento citado son legítimos y su consideración resulta de especial importancia para asegurar la prestación segura, eficaz y adecuada del servicio." 
  • VII.2. No obstante, también es necesario tener en consideración que el marco constitucional y legal que rige al ejercicio de la potestad tarifaria establece obligaciones y limitaciones expresas y concretas que modulan las condiciones para su ejercicio. Así, por caso, el artículo 17 de la CCABA establece expresamente que “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas
  • con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades” (énfasis agregado). A su vez, el artículo 46 prescribe que “[l]a Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten”.
  • "(...) en lo que atañe específicamente al servicio SUBTE, el artículo 27 de la Ley N° 4472 establece un criterio rector esencial que delimita la facultad gubernamental para la fijación de la tarifa, al prescribir que ésta debe ser “justa y razonable” (conf. artículo 27).
  • (...) correlación razonable y justa entre "tarifa técnica" (“costos de la explotación del servicio SUBTE”)  y "tarifa al usuario"
  • VII.3. "(...) en lo que respecta específicamente a la facultad para fijar las tarifas de los servicios públicos, en otro precedente la Corte sostuvo que las atribuciones de la Administración Pública en materia de tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se efectúen"
  • VII.5. "En efecto, si el análisis preliminar que corresponde efectuar en esta etapa introductoria del proceso permite concluir que los límites y condicionamientos normativos objetivos antes señalados habrían sido razonablemente considerados y observados, no resultará posible acceder a la pretensión cautelar esgrimida por el actor. Si, en cambio, este estudio provisorio y esencialmente mutable conduce a considerar que estos límites concretos y objetivos al ejercicio de la facultad para establecer la tarifa del servicio no habrían sido observados, o bien –como sostiene el amparista– ni siquiera habrían sido considerados, el derecho invocado para sustentar el pedido de tutela cautelar resultará suficientemente verosímil." 
  • VII.6. "En efecto, la información incorporada al mencionado informe no permite establecer, ni siquiera por vía de inferencia, que se hubieran ponderado diversos aspectos sustanciales cuya determinación y valoración son exigidos por la normativa antes detallada. Así, por caso, no hay ninguna referencia ni indicación que permita establecer, al menos de manera indirecta, el valor de la “tarifa técnica” para la prestación del servicio. Mucho menos se la ha publicado en el Boletín Oficial para conocimiento de los usuarios, tal como exige el art. 32 de la ley."
  • "En estas condiciones preliminares y de acuerdo con los escasos elementos hasta el momento aportados a la causa por el Gobierno, no resulta posible determinar si el valor de la “tarifa al usuario” establecida en la Resolución puede ser prima facie considerada una derivación justa, razonada, equitativa y proporcional de la “tarifa técnica”, tal como expresamente exigen los artículos 27, 28, 30, 31 y 32 de la Ley N° 4472 y de conformidad con los principios de universalidad, uso generalizado, igualdad, no discriminación y generalidad establecidos en el artículo15 incs. 3 y 5 de la mencionada ley. Frente a esas circunstancias, no se presentan siquiera las condiciones mínimas necesarias para sustentar la validez del acto en su presunción de legitimidad (conf. artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos)." 
  • " Abona esta conclusión lo señalado en el Informe sobre la Audiencia Pública que se acompaña como Anexo de la Resolución N° 182/13 del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, en cuanto indica que “a partir de la sanción de la mencionada ley [se refiere a la Ley N° 4472] se infiere la continuidad de los términos económicos de la concesión nacional hasta tanto no se implemente el acuerdo y/o la nueva concesión u operación a través de SBASE o la nueva sociedad a constituir. Esta continuidad en lo económico se expresa en la no determinación de la tarifa técnica tal cual se dispone en los arts. 28 y 74 de la Ley 4472/12. Se desprende del articulado de la Ley que corresponde esperar al cierre de las negociaciones entre SBASE y/o Metrovías y o su controlante para tomar conocimiento de la conformación de la ecuación económica del acuerdo” (fs. 413 vta. del Expte. administrativo N° 234113/2013, énfasis agregado)."
  • "(...) la orfandad informativa en relación con los costos del servicio impide evaluar con algún grado de certeza el impacto que habría tenido sobre éstos la evolución del índice de inflación."
  • "(...) en la medida en que se trata de un cálculo que presenta una especial complejidad técnica, debería ser objeto de adecuada demostración."
  • VII.8. Asimismo, en la medida en que no se habría establecido la composición de los costos de prestación del servicio, tampoco resultaría posible determinar si, en la actualidad, el aumento de la tarifa decidido en enero de 2012 (conf. Decreto N° 27/12, que estableció un incremento del 127% en el valor del boleto) habría sido insuficiente para equilibrar la ecuación económica del servicio. Se trata de un aspecto esencial para poder establecer si el nuevo aumento (que implica un incremento adicional del 40% del
  • valor del boleto) cumple con las condiciones de “razonabilidad” y “justicia” establecidas en el artículo 27 de la ley.
  • VIII.1. Por otro lado, tal como se ha expresado más arriba, tanto la Constitución de la Ciudad como la Ley N° 4472 consagran como uno de los principios rectores para la prestación del servicio de SUBTE a su universalidad (arts. 14, 15 inc. 3 y 5),
  • En tal sentido, de acuerdo con el modelo de democracia inclusivo e igualitario adoptado por el pueblo de la Ciudad Autónoma en su Constitución, las autoridades públicas de la Ciudad están obligadas a asegurar el acceso irrestricto a la prestación de los servicios públicos (en especial, aquellos que se prestan en condiciones monopólicas, como ocurre en este caso) a los sectores más vulnerables y desaventajados.
  • VIII.2 "A esos fines, la Ley N° 4472 ha establecido como alternativa la fijación de una “tarifa social”, pero deja en manos del Ejecutivo su diseño e implementación, siempre con el fin de asegurar eficientemente la prestación igualitaria y universal del servicio SUBTE frente a un aumento tarifario. Entonces, frente a una expresa exigencia constitucional –esto es, garantizar el acceso al servicio a quienes tienen menores posibilidades–, las autoridades de la Ciudad no están facultadas, sino obligadas a actuar.
  • Ahora bien, de acuerdo con la documental acompañada, hasta el momento las autoridades del Gobierno de la Ciudad no habrían establecido –en forma paralela a la decisión de aumentar la tarifa– algún mecanismo que asegure el acceso al servicio de SUBTE a aquellas personas que, por su pertenencia a grupos sociales vulnerables, no pudieran afrontar el nuevo costo del pasaje."
  • IX.2. "el Informe elaborado por el Ente Único Regulador se afirma que entre el año 2011 y el 2012 se produjo una merma de casi el 24% en el volumen general de pasajeros pagos, aunque aclarando que no puede que toda la disminución haya sido “exclusivamente” como consecuencia del anterior aumento –dispuesto por el Decreto N° 27/12– (ver fojas 436 vta. del expte. adm. N° 234113/2013).
  • Asimismo, en el citado documento se señala que –hasta el momento– el Gobierno no habría realizado los estudios necesarios para determinar cuál podría ser el impacto de la suba del boleto en el universo de usuarios del servicio. Estas circunstancias permiten inferir –al menos con la provisoriedad exigible en
  • esta etapa del proceso– que un nuevo aumento podría tener un efecto similar al que tuvo la anterior modificación de la tarifa y que, según informó el Ente, determinó que un grupo relevante de usuarios ya no pudiera afrontar el nuevo costo del pasaje.


Ver fallo completo en:
http://es.slideshare.net/lascalabrini/bodart-alejandro-contra-gcba-sobre-amparoexpte-a44420130#



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