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Juan Manuel Valdés - Muchas gracias a los señores senadores por su presencia y por su invitación a
disertar en un ámbito tan importante para todos los argentinos como es la Cámara de
senadores de la Nación.
En primer lugar, quiero decir desde donde proviene uno a hacer estas sugerencias a
este debate. Por supuesto que los saludamos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Hemos creado, a principios de este año, una Dirección de Telecomunicaciones
conscientes de la dimensión que tiene el reclamo de los usuarios y consumidores en la
materia.
Actualmente, recibimos un 50 por ciento de los reclamos de los vecinos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponde a los servicios de telecomunicaciones. Con
lo cual, estamos hablando, no siendo autoridad de aplicación, porque la Defensoría del
Pueblo es un organismo de promoción, de defensa de derechos. Sí recibimos una gran
proporción, más de mil reclamos anuales, más de mil actuaciones anuales que se tramitan
en cuanto a servicios de telecomunicaciones. Lo cual habla de, por un lado, la dimensión
que está teniendo para los ciudadanos argentinos, para los vecinos de la Ciudad de Buenos
Aires, en particular, que es nuestra órbita de competencia; pero también el desborde que
existe mediante este crecimiento exponencial que han tenido las telecomunicaciones.
Se hablaba, precedente a mí, de las 4,5 millones de líneas de telefonía móvil que
existían en el año 2003 y hoy estamos hablando de 45 millones de líneas de telefonía móvil,
con un aparato normativo que proviene del año 1972. Con lo cual, es lógico que se
desborden los reclamos cuando un sistema normativo no es adecuado a la tecnología que
actualmente es mayoritaria.
Es por esta razón que desde la Defensoría creamos esta dirección y venimos
trabajando con esta problemática desde un principio, sabiendo que lo principal que había
que modificar era la normativa en la materia, porque no integraba ninguno de los sistemas
en convergencia tecnológica.
La convergencia tecnológica nos parece uno de los principales fenómenos a regular
por parte del Estado. En este caso, para desagregar cuáles son nuestras áreas de
incumbencia preferentemente, los reclamos que recibimos son tanto por problemas de
facturación, problemas de mal servicio y, lo que es mucho peor, el problema de falta de
servicio.
Creemos que es fundamental una declaración que hace esta ley respecto a declarar
derecho humano el derecho al acceso a la redes de telecomunicaciones. Actualmente en la
Ciudad de Buenos Aires donde se concentra el mayor PBI per cápita de la Argentina, existen
zonas que por parte de las empresas no son consideradas rentables y son desfinanciadas en
cuanto a inversiones y en cuanto a prestación de servicio. Ni que hablar de las villas de la
ciudad, y también la zona sur de la ciudad es frecuentemente víctima de desinversión por parte de las empresas. También nos encontramos con terminología discriminatoria como lo
que se llama "zonas peligrosas", que son aquellas zonas en las que las empresas definen que
pueden estar exentos de prestar servicios y ofrecen a cambio un servicio cualitativamente
inferior, harto inferior como líneas inalámbricas que no tienen la prestación de brindar
internet, por ejemplo.
Actualmente el ADSL es una de las principales formas de acceso a internet. Las
líneas en casas que ofrecen muchas de las compañías telefónicas no permiten el acceso a
internet y, a su vez, tienen una tasación diferenciada con respecto al servicio básico de la
telefonía.
Por otro parte, consideramos que declarar el acceso de la totalidad de los habitantes
a los servicios TIC en condiciones sociales, de calidad y geográficas de igualdad es clave a
la hora de garantizar la igualdad entre nuestros usuarios.
Quiero decir que actualmente existe la prestación del servicio universal que estaba
en manos de las empresas privadas y con esta ley pasaría a ser administrado por el Estado.
Esto nos parece fundamental a la hora de planificar la igualdad. Es misión del Estado
planificar la igualdad entre todos sus habitantes y entre todos los usuarios. El sistema
precedente le daba a las empresas, le confería a las empresas la facultad de administrar el
fideicomiso del servicio universal.
Este nuevo proyecto está permitiendo que sea el Estado el que planifique esa
amplificación, esa ampliación del servicio para que todos los usuarios de la Argentina
tengan el mismo acceso a las redes de telecomunicaciones.
Queremos decir que las telecomunicaciones en la sociedad de información en la que
estamos viviendo constituyen un derecho humano. Por eso, nos parece positivo que se
incorpore esto a la normativa y nos parece positivo que se lo incorpore al servicio básico.
Creemos que muchas de las competencias de esta ley también dependen de la autoridad de
aplicación que va a tener que procurar, en la aplicación de esta normativa, una tendencia
hacia la no discriminación geográfica de calidad ni de prestación ni de facturación de los
servicios. Por eso, nos parece importante la concepción federal de que se termine el servicio
de larga distancia a lo largo del país, y nos parece también importante que se atribuya a la
autoridad de aplicación la posibilidad de fijar tarifas en todo el sistema de
telecomunicaciones que está en el artículo 48 de esta ley. Las tarifas que la autoridad de
aplicación considere de interés público podrán ser sujetas a regulación. Me parece
importante que tengamos en cuenta este factor a la hora de opinar sobre el mercado. Porque
las excusas que ponen muchas de las empresas telefónicas para no invertir son el principal
problema que tenemos.
Todos los que me precedieron en el uso de la palabra hablaron de problemas de
calidad de servicio. Para eso también hay un reglamento de servicio que se aprobó, un
reglamento de calidad que aprobó la Secretaría de Comunicación el año pasado.
Una de las principales excusas que han puesto las empresas para no invertir y no
darles a los usuarios el servicio que se merecen es la falta de tarifas competitivas. Se quejan
de los 13 pesos que actualmente vale la estructura general tarifaria. Sin embargo, veo que
hay un argumento de doble filo. Por un lado, decimos cómo puede ser que le exijamos
invertir cuando tienen estas tarifas; pero por otro lado, veo que hay algunas opiniones
respecto a regular una sola tarifa para todo el servicio que está en competencia.
La ley le da a la autoridad de aplicación la posibilidad de fijar tarifas.
Queremos que en la aplicación de esta normativa se fijen tarifas máximas para evitar
abusos por parte de quienes no tienen la posibilidad de elegir entre empresas competidoras
y creemos, a su vez, que es importante darle la importancia que se merece a las velocidades
mínimas de trasmisión que la ley le arroga también el derecho a la autoridad de aplicación
de fijar. Cuando hablamos de servicios de calidad para todos los habitantes, que el Estado
tenga la potestad de fijar velocidades mínimas de transmisión nos parece importante.
Por último, quiero hablar del tema de la neutralidad de Internet. Nosotros en la
Defensoría hemos recibimos reclamos de usuarios que sienten que para acceder a ciertos
contenidos que no son provistos por sus servidores, encuentran mayores dificultades para el
acceso, menor velocidad de conexión, menor calidad en la prestación del servicio a la hora
de ingresar cuando no son socios o no tienen vinculación o son competidoras de contenidos
y también los que son propietarios del servicio de transmisión de datos.
Entonces, creemos que todo lo que se pueda aportar, por un lado, de esta legislación
que incorpora el tema de neutralidad a Internet como uno de sus objetivos fundamentales,
como el aporte que puede hacer el Senado de la Nación y que hemos ido siguiendo el
debate que se fue dando en cuanto a la neutralidad de la red; todo ese aporte nos parece
fundamental a la hora de garantizar el derecho a la libertad de expresión.
Hablando de la libertad de expresión no quería dejar de usar la palabra para
mencionar, en nombre de la Defensoría del Pueblo, nuestra tristeza por el fallecimiento de
Alicia Oliveira, una defensora del pueblo que nos enseñó la importancia de la libertad de
expresión, la importancia del acceso al conocimiento y la importancia de la convivencia
democrática para todos los argentinos. Muchísimas gracias.
*Versión taquigrafica
*Versión taquigrafica
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